El campo de concentración de la esquina

En los últimos años, está pasando mucho dinero por las manos del ministerio de Orden Público para la construcción y el funcionamiento de los nuevos campos de concentración de trabajadores inmigrantes. El destino final de este dinero es una serie de empresas privadas y de ONG que se ocupan de la edificación, el mantenimiento y el suministro alimentario de estos centros. En los tiempos de crisis que corren, este dinero constituye un insólito caudal de fondos estatales que fluye en dirección a la economía privada y del que, como es natural, se benefician los distintos amigos de la policía, que descubren con alegría el lado lucrativo de su amistad. Así es cómo, poco a poco, van apareciendo en nuestras ciudades y barrios esta clase de patrones, que con la ética y la estética correspondientes están impulsando una transformación de las relaciones de clase. Al final, los campos de concentración no están «por ahí lejos», sino repartidos por el entramado urbano de nuestras ciudades.

El 18 de octubre de 2014, una manifestación de unas cien personas pasó por las calles del barrio ateniense de Petrálona y se dirigió al establecimiento del señor Dsironis. Aunque a simple vista el establecimiento en cuestión pueda parecer «pequeño», esconde mucho más de lo que expone en vitrina. En el último año, se ha embolsado más de 200 000 euros de un caudal de dinero que brota del ministerio de Orden Público en dirección a una serie de empresas que tienen en común su contribución a la construcción y el mantenimiento de los campos de concentración de trabajadores inmigrantes. La razón por la que se están enriqueciendo la empresa del señor Dsironis y el mismo señor Dsironis, claro está, es la encarcelación sin motivo de los inmigrantes. En pocas palabras, lo que parece una tiendecita de barrio es en realidad uno de los extremos casi invisibles del proceso de transformación de nuestra sociedad en campo de concentración. Uno de los extremos casi invisibles de un entramado de empresas similares que se extienden desde hace unos años por nuestras ciudades.

Esta manifestación es la primera de una serie de acciones parecidas. Nuestra intención es pasar por otras de estas empresas y ONG que hacen de su amistad con la policía una relación extraordinariamente lucrativa. De este modo, pretendemos poner de manifiesto la materialidad de las relaciones que han conducido a la creación de los campos de concentración de trabajadores inmigrantes y mostrar cómo se difunden estas relaciones policiales por nuestros barrios y lugares de trabajo.

La ilegalización de los inmigrantes es la ilegalización de una parte de la clase trabajadora

En 2009 escribíamos:

El estado griego —y ya que estamos, todos los estados capitalistas avanzados del planeta— han decidido mantener en situación de ilegalidad a un sector de la clase trabajadora que reside en su territorio de forma permanente. Al mismo tiempo, construyen mecanismos que crean, imponen y extraen beneficios de esta situación de ilegalidad. Las consecuencias son estremecedoras:

• La ilegalización del trabajo garantiza que una cantidad considerable del conjunto del trabajo que realiza una sociedad se lleva a cabo en condiciones de esclavitud.

• La ilegalización del trabajo funciona como un mecanismo de extracción de riqueza de sectores «legales» de la producción a sectores «ilegales», extendiendo así el ámbito de acción del capital ilegal y consolidándolo.

• La ilegalización del trabajo crea mafias en el interior de la sociedad, tanto en sentido organizativo como ético.

• Por último, la ilegalización del trabajo convierte al propio estado en un mecanismo criminal.

Casi invisibles: 2009, Atenas

Por desgracia, lo que hace cinco años era una sensación en el estómago, ahora se confirma de la forma más palpable. Aquellas «mafias en el interior de la sociedad» las vemos ya en cada barrio, entre patrones pequeños y grandes, entre las empresas que han asentado sus ganancias en la construcción y el funcionamiento de los campos de concentración.

Los campos de concentración como el pasado y el futuro de Grecia

En los últimos años, el estado griego ha puesto en marcha, tanto en Atenas como en otras grandes localidades, la construcción de un buen número de campos de concentración que tienen por finalidad «acoger» a trabajadores inmigrantes. Pero no solo. Otros grupos calificados de «antisociales» también han tenido la suerte de disfrutar de sus «servicios» de forma experimental: personas sin techo, drogadictos, mujeres prostituidas…

Estos campos de concentración no constituyen más que una fase de todo el proceso de persecución continua que supone la ilegalización forzada de los trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo es devaluarlos y facilitar su explotación por parte de los patrones griegos. Por medio de un estatus legal nebuloso y en colaboración con el permanente pogromo policial que viven en las calles de Atenas y otras localidades, un número importante de trabajadores inmigrantes se ha visto dentro de sus muros. No tantos todavía como para que se hayan visto todos dentro, pero sí los suficientes como para que cale el mensaje de que «en este país en el que han acabado, más les vale dejarse de tonterías y hacer lo que se les dice».

Pero estos centros de reciente construcción no han salido de la nada. Son el último grito de la maquinaria estatal en mecanismos de desvalorización de los inmigrantes, constituyen la última expresión de un proceso que al principio consistía en hacinar a trabajadores inmigrantes durante meses en calabozos de comisarías y que con el tiempo ha convertido cualquier pocilga a las afueras de una ciudad en centro de «acogida» y «recepción». Estos improvisados campos de concentración empezaron a aparecer en Grecia con la primera oleada de trabajadores inmigrantes a principios de los noventa y eran parte de la planificación estatal desde el primer momento.

Si algo ha cambiado en los últimos años no es que el estado griego haya descubierto la importancia de encarcelar inmigrantes, sino el gigantesco crecimiento de la red de estos campos y el dinero contante y sonante que proviene de la Unión para su construcción conforme a las ordenanzas europeas. La época en que hasta el último latifundista griego cultivaba sus tierras con la vista puesta en los fondos agrícolas europeos se ha ido para no volver. Aunque no sin antes dejar paso a la subvención (también europea) de todo servicio de seguridad, catering y mantenimiento para campos de concentración. Desde 2007 hasta hoy, Europa ha aprobado partidas por la nada despreciable cantidad de 347 millones de euros. Eso quiere decir que cuarenta y cuatro millones van a parar cada año a Grecia para el mantenimiento de los campos de concentración. Y cuando decimos a Grecia, queremos decir directamente al ministerio de Orden Público y a la guardia costera para que lo administren a su antojo. Mucho dinero, por tanto, para los «amigos de la policía». Y es que si tener contactos en el ministerio de Obras Públicas era antiguamente una de las formas más seguras de enriquecerse, en nuestros días ese papel lo cumple la policía.

Los campos de concentración que se encuentran hoy en día por toda Grecia no son, pues, el resultado de la política de un gobierno «de derechas». Constituyen, por el contrario, una decisión estratégica del estado griego en lo que respecta a la gestión del trabajo de los inmigrantes y, como tal, tienen una historia de décadas. Tampoco son simplemente unas edificaciones que están por ahí lejos. Surgen del modelo de explotación del trabajo que ha caracterizado en los últimos años a Grecia. Es decir, por una parte, trabajo en negro y explotación sin límites y, por otra, décadas de sueños pequeñoburgueses de ascenso social por encima de una montaña de cadáveres. Los campos de concentración han surgido en un contexto de paz de clases que ha permitido que cualquier caníbal pueda hacer y deshacer sin que nadie le rechiste.

Es en el seno de estas relaciones donde han surgido los campos de concentración. O lo que es lo mismo, estas relaciones han surgido en el seno de una sociedad capaz de tolerarlas. Y la sociedad griega ha demostrado ser perfectamente capaz. Los campos de concentración no son solo un espejo de las relaciones sociales que imperan en Grecia, son también un proyecto estatal para el futuro, un proyecto de creación e instrucción de una «nueva clase trabajadora» que tiene que trabajar mucho, morir pronto y estarse calladita. Lo peor, por tanto, está por llegar.

Los campos de concentración dentro del entramado urbano

Lo repetimos: los campos de concentración no son unos espacios que están por ahí lejos, fuera de nuestra vista, y nada más. Por el contrario, se encuentran dentro del ámbito de nuestras relaciones cotidianas y, cada vez en mayor medida, configuran localidades y barrios al transformar las relaciones de clase y los términos en que se desarrolla el conflicto de clases.

Quizá ayude a ilustrarlo un ejemplo. Pensemos en cualquiera de las pequeñas ciudades de provincias en las cuales se ha establecido una universidad en las últimas décadas. En una época en que las grandes industrias las abandonaban, este tipo de instituciones fueron cobrando una importancia cada vez mayor en la vida de las ciudades de provincias de Grecia. En un principio, estas universidades constituían, a las afueras de los núcleos urbanos, un complejo de edificios de mayor o menor envergadura al que nadie prestaba demasiada atención. Sin embargo, a medida que prácticamente todos sus estudiantes se convertían en receptores de una asignación económica familiar o en aspirantes a trabajadores dispuestos a trabajar en negro o en las dos cosas a la vez, las economías de estas ciudades fueron adaptándose a las nuevas circunstancias. Poco a poco, iban construyéndose casas para alojar a los estudiantes, pizzerías y otros establecimientos de comida rápida para darles de comer, bares y cafeterías para darles de beber, etc. De modo que, con el tiempo, toda la vida de estas ciudades terminaba por girar en torno a unas universidades que actuaban como centros económicos configuradores de su entorno. Así es cómo en barrios enteros de Atenas y en localidades de las provincias las figuras del trabajador industrial y de su patrón han dado paso a la del trabajador de los servicios de ocio y el dueño de bar. Y como es natural, la nueva composición técnica de las clases ha conducido a una nueva composición política, la cual a su vez ha ido definiendo las luchas.

Volviendo la vista aún más atrás en el tiempo, puede verse cómo este mismo papel en la transformación de las relaciones económicas de una ciudad también lo han jugado las bases militares del ejército griego. Producto de ellas son las llamadas ciudades de guarnición y, tal y como se corresponde con la consabida ideología militar, sus hostales, sus establecimientos de comida rápida, sus burdeles y los trabajadores y trabajadoras de estos.

Pero esta situación «idílica» de las ciudades universitarias y los barrios campus va pareciendo cada vez más un recuerdo de la transición. Quedémonos, no obstante, con el papel catalizador jugado por universidades y bases militares en la transformación de las relaciones sociales y laborales en las ciudades. Exactamente igual que las universidades y los militares conformaron un caudal de dinero cuya fuerza transformaba el espacio a su alrededor, los campos de concentración de inmigrantes tiran hoy de las relaciones sociales y las transforman. Allí donde antes teníamos bares, hamburgueserías y pisos de estudiantes, ahora una serie de patrones de todas clases y tamaños a los que «no les hacen falta meteorólogos para entender adónde soplan los vientos» adaptan sus empresas a las necesidades de los campos de concentración. Abren catering para alimentar con basura a los inmigrantes encarcelados, montan empresas de seguridad o de limpieza y ganan, por enchufe, concesiones para suministrar materiales de mantenimiento y construcción de los contenedores a los que llaman dormitorios. Por supuesto, estas novedades no vienen solas. Las acompañan otras como por ejemplo la adjudicación de la atención sanitaria a organismos sanitarios policiales como el Centro de Control y Prevención de Epidemias (KEELPNO en sus siglas griegas) o la aparición de toda una serie de ONG que se hacen cargo de la gestión política de los campos de concentración, siempre por un módico precio.

A través de este prisma, una parte importante de las indignadas protestas contra los campos de concentración que han abanderado distintos colectivos de pequeñoburgueses fascistas pueden entenderse como una forma de presionar en la negociación sobre la cantidad de efectivo que va a ir a parar a sus empresas, con frecuencia, fundadas expresamente para la ocasión. En la caja de abajo de esta octavilla, pueden verse dos ejemplos de estas negociaciones. El primero relativo a la cantidad de dinero que va a acabar en los bolsillos de los empleadores locales y el segundo a las quejas de los lugareños para que no les cierren el campo de concentración del municipio.

Y, puesto que la crisis viene acompañada de la reducción de los beneficios de todos los patrones, el dinero estatal juega en este caso un doble papel. Por un lado, tiende una mano de ayuda a las distintas empresas en proceso de devaluación; por otro, como los fondos no dan para todas, sirve para recompensar a aquellas que tienen el visto bueno del estado. Escogiendo cuáles de ellas van a sobrevivir (o van a sobrevivir con mayor facilidad), el estado griego tiene en sus manos una herramienta crucial para la transformación de las condiciones laborales dentro de esta nueva coyuntura. Y por supuesto, estas manos que reparten millones y millones de euros contantes y sonantes, quizá el último reparto de esta clase que vayamos a ver en nuestra época, no son unas manos cualesquiera del sector público, sino las manos de la policía y del ministerio de Orden Público. Esta es la forma en que los maderos recompensan a quienes les apoyan, colocándolos en el invernadero de la protección estatal para que puedan florecer sin problemas.

Pero es evidente que estos empresarios amigos de los maderos no están encerrados en los campos de concentración, sino que viven y trabajan dentro de nuestros barrios. Así, repartidos por nuestras ciudades, una serie de establecimientos de todas las clases y tamaños (algunos sorprendentemente pequeños, como el del señor Dsironis) cierran negocios de miles y miles de euros con la policía para el aprovisionamiento de los campos de concentración de trabajadores inmigrantes. Y su cercanía a esta fuente de financiación no solo les brinda potencial económico, sino también la capacidad de prevalecer en el mercado. Cuando, por medio de un proceso «evolutivo darwiniano», todos los amigos de la policía hayan prevalecido económicamente, puede que cualquiera de nosotros, sabiéndolo o sin saberlo, se vea trabajando para uno de estos patrones cuya fortaleza surge de su relación con la policía y del aprovisionamiento de los campos de concentración. No es difícil entender por qué, en semejantes lugares de trabajo, ir en contra del patrón nos podría enfrentar a niveles de violencia impensables en otros tiempos.

Así, serán cada vez más los que en nuestras calles hagan ostentación de un dinero que sale del negocio de los campos de concentración. Ya son bastantes los que acuden a ellos de tapadillo para adquirir mano de obra barata y emplean por jornales de vergüenza a los inmigrantes encerrados, con la consiguiente mordida al poli negrero de turno. Todos ellos viven en los mismos barrios y pasean por las mismas calles que nosotros, lo que significa que nuestros barrios y nuestras calles se están convirtiendo en los barrios y las calles que podría haber en los aledaños de cualquier campo de concentración.

Quienes firmamos estas líneas hemos expresado públicamente que «ni queremos ni podemos vivir en un país con campos de concentración». Y sabemos que no estamos solos. Las situaciones que viven las capas más bajas de la clase trabajadora y los trabajadores inmigrantes no están tan lejos de nosotros, no son problema suyo y nada más. La política estatal de gestión de la clase trabajadora es una y concierne tanto a las capas más bajas como a los que se creen la crema y nata del trabajo.

Pero ¿cómo enfrentarse a un campo de concentración que está «por ahí fuera», «por ahí lejos»? Ante este interrogante, proponemos una forma de observar y una forma de actuar. La forma de observar dice: puede que, de momento, los campos de concentración se encuentren fuera de nuestro campo de visión como espacios físicos. Como relaciones sociales, sin embargo, están en nuestras calles y en nuestros barrios y ahí sí que podemos combatirlos. La forma de actuar dice: para empezar, pasamos por esas calles y señalamos con el dedo a los que han aportado su granito de arena a la ilegalización del trabajo de los inmigrantes, a los amigos a sueldo (¿es que los hay de otra clase?) de la policía, que dentro de la guerra de clases se han posicionado y han decidido atacar a la clase trabajadora. Pasamos por las calles y señalamos con el dedo a los mensajeros de las nuevas relaciones sociales del fascismo que viene.

Espíritu emprendedor y sociedades locales

Quejas por campos de concentración que abren y quejas por campos de concentración que cierran por parte de los distintos actores políticos locales. A continuación, ofrecemos dos ejemplos bastante ilustrativos de sus intenciones cuando se posicionan al respecto de aperturas y cierres. El primero está extraído de un debate televisivo entre la alcaldesa de la localidad de Voio, en el norte de Grecia, y el viceministro de Orden Público. Atención a la facilidad con la que la alcaldesa pasa de lamentarse por las «criaturas afligidas» que van a ver sus vecinos detrás de las rejas a negociar la carnada del «anzuelo» que les ha echado el ministerio, que al fin y al cabo es lo que interesa:

PERIODISTA: Ustedes, señora Orfanidu, son la primera localidad que, a través de su ayuntamiento, ha levantado la bandera y han dicho: «Perdón, pero a nosotros no nos ha preguntado nadie y no estamos de acuerdo». ¿No es así?

ALCALDESA: No ha sido así exactamente. No ha sido un no sin más ni más, ya hemos explicado muchísimas veces nuestras razones. Lo que decimos es que el problema no se puede resolver así de un plumazo, a las puertas de unas elecciones […].

VICEMINISTRO: Como ya he dicho antes, se trata de un programa financiado por la Comisión Europea. Afecta a los Centros de Recepción Primarios, a los nuevos Servicios de Asilo. El programa entero está financiado con fondos europeos.

P: Señora Orfanidu, […] una pregunta muy concreta. Si es verdad que la región se va a ver beneficiada económicamente como dice el gobierno, ¿por qué se opone? ¿Nos puede explicar qué es lo que teme?

A: Mire usted, no voy a entrar en el tema del beneficio económico porque en mi opinión lo que pretendía el ministerio era echarle el anzuelo a la sociedad local. Y menos mal que no hemos picado. Nosotros lo que queremos es desarrollo en el sector primario, desarrollo. […] Señor viceministro, el centro que quiere usted abrir está a un paso de nuestras casas, a cien metros. Y ni yo ni los vecinos con los que hablo a diario queremos ver criaturas afligidas entre rejas. No queremos que nuestros niños pasen por delante y se pregunten qué hacen esas personas allí metidas […]. Nuestra postura, como le vengo diciendo, es que queremos desarrollo en el sector primario y desarrollo en la proyección turística de nuestra región.

V: Ya que la señora alcaldesa habla siempre de que el ministerio ha intentado echarle el anzuelo a la sociedad local para referirse a los beneficios económicos del centro, tengo que decir que el centro del que hablamos, para funcionar conforme a los requisitos que tiene que funcionar, necesita mil personas. Eso quiere decir mil puestos de trabajo.

P: ¿Por cada tres mil inmigrantes necesitamos mil puestos de trabajo?

V: Esos son los requisitos de funcionamiento.

P: Señor viceministro, las noticias no paran de hablarnos de despidos y ¿usted dice que va a contratar a mil personas?

V: Señor Iconomeas, le estoy diciendo que los gastos de funcionamiento corren a cuenta del programa europeo. En algunos sitios se contratará a ochocientas personas, en otros a novecientas. Pero no es que se esté ofreciendo esto como reclamo para que la gente acepte los centros. Son los requisitos de funcionamiento. Por lo demás, lo importante para la economía de estas regiones tal y como están las cosas hoy en día es que se van a crear puestos de trabajo en empresas de seguridad, de alimentación, de limpieza.

El segundo ejemplo es un fragmento de una carta del alcalde de la localidad de Vena Rodopis al ministro de Orden Público. En ella, no vamos a encontrar sensibilidad ninguna. El alcalde protesta por el cierre probable del campo de concentración del municipio y los problemas económicos que va a causar a los lugareños que se enriquecían a costa de la encarcelación de trabajadores:

Insistimos en que tanto el Centro de Retención de Inmigrantes Ilegales de Vena Rodopis como el Departamento de Vigilancia Fronteriza de Sapes emplean a residentes permanentes de nuestro municipio y fortalecen con su presencia la economía local de una región que, de acuerdo a datos estadísticos, ha sido declarada la menos desarrollada de la Unión Europea […]. Circulan rumores de que el ministerio está pensando en trasladar el Departamento de Vigilancia Fronteriza de Sapes […]. Igualmente, hemos conocido el anuncio del próximo cierre del Centro de Retención de Inmigrantes Ilegales de Vena Rodopis […]. Como comprenderá, su continuidad es para nosotros una cuestión de gran importancia. Señor ministro, le ruego que abandone estos planes, así como toda idea de cerrar el Centro de Retención de Inmigrantes Ilegales de Vena Rodopis, del cual además exigimos su remodelación y su ampliación. Del mismo modo, le pedimos que no permita el traslado ni la degradación del Departamento de Vigilancia Fronteriza de Sapes. Una iniciativa así agravaría el clima de tensión que viven los habitantes del municipio y nos conduciría, como poder municipal, a una movilización sin precedentes, sobre la cual no podemos garantizar que vaya a tener un final afortunado.

 


En octubre de 2014, la asamblea Autonome Antifa repartió este texto en forma de octavilla en  estaciones de metro de Atenas.

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